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Quiénes somos

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas es un proyecto de  Georgia Legal del Programa de Servicios, Inc., una organización 501(c)(3) sin fines de lucro, financiada principalmente por la Corporación de Servicios Legales . La misión del Programa de Servicios Legales de Georgia es facilitar el acceso a la justicia y las oportunidades de salir de la pobreza para las personas del estado de Georgia con bajos ingresos.

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas proporciona servicios legales a los trabajadores agrícolas de bajos ingresos en Georgia con asuntos relacionados con sus salarios y condiciones de trabajo.

Nuestro equipo:

Solimar Mercado-Spencer, Abogada Principal

Hilary G. Smith, Gerente Regional de Operaciones y Paralegal

Miriam Penafort, Paralegal de Alcance Comunitario

Juan Barragan-Rangel, Asistente Legal


 

Carta al Gobernador Kemp: Vacunas para Trabajadores Agrícolas

See English version here

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26 de marzo de 2021

El Honorable Brian P. Kemp
Gobernador de Georgia
206 Washington Street
111 State Capitol
Atlanta, GA 30334 

RE: Solicitud de Información Acerca del Plan de Georgia para Ofrecerle a sus Trabajadores Agrícolas un Acceso Justo a la Vacuna del COVID-19

Estimado Gobernador Kemp:

Ahora que usted ha ampliado el acceso a la vacuna COVID-19 para todas las personas de Georgia de 16 años o más, le escribimos para solicitar información sobre los planes que su administración ha desarrollado para garantizar que los trabajadores agrícolas en el estado de Georgia tengan acceso justo y equitativo a la vacuna del COVID-19.  Creemos que no hay trabajo más esencial que mantener la comida en los platos de cada hogar de Georgia, y es gracias al arduo trabajo y la dedicación de nuestros trabajadores agrícolas que nuestros supermercados se mantuvieron abastecidos a pesar de la pandemia de COVID-19.  Ahora más que nunca, Georgia necesita asegurarse de que todos los trabajadores agrícolas que mantienen alimentado a nuestro estado estén protegidos, sanos y vacunados.

Como sabe, la agroindustria es la industria líder de Georgia.  Esta parte importante de la economía de Georgia depende en gran medida de los trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales son trabajadores extranjeros o trabajadores contratados de México y otros países de América Latina.  Independientemente de dónde vengan, el color de su piel o el idioma que hablen, ellos viven y trabajan en Georgia y se les debe proporcionar un acceso equitativo y justo a la vacuna del COVID-19.

Nuestra oficina representa a trabajadores agrícolas en Georgia.  Esta población suele estar aislada, tanto en términos de ubicación (es decir, viven en áreas rurales remotas), como en términos del aislamiento social que conlleva no hablar el idioma predominante y ser objeto de explotación y discriminación racial.

Para brindar a esta población un acceso justo y equitativo a la vacuna del COVID-19, los Estados deben considerar todas las barreras adicionales que enfrentan los trabajadores agrícolas y abordar esas barreras en sus planes de distribución de vacunas.  Algunas preguntas que nos vienen a la mente son las siguientes:

  • ¿Proporcionará Georgia materiales informativos en español con información sobre vacunas, incluyendo información sobre elegibilidad, cómo programar una cita y otra información que ya se le haya proporcionado al público en general?
  • ¿Proporcionará Georgia lugares de distribución de vacunas en áreas rurales accesibles a los trabajadores agrícolas?
  • ¿Qué garantías puede ofrecer el Estado de que todos los trabajadores agrícolas de Georgia tendrán acceso a la vacuna?
  • ¿Está Georgia trabajando con miembros de la comunidad de trabajadores agrícolas y/o sus aliados en el desarrollo de su estrategia de vacunación para trabajadores agrícolas?
  • ¿Está su administración incluyendo las clínicas para migrantes del Programa de Salud para Trabajadores Agrícolas de Georgia en su estrategia de vacunación para trabajadores agrícolas?
  • ¿Está su administración incluyendo al Programa de Salud de la Familia de los Trabajadores Agrícolas de la Universidad de Emory (Escuela de Enfermería Nell Hodgson Woodruff) en esa estrategia?
  • ¿Qué tipo de documentación pueden proporcionar los trabajadores agrícolas para demostrar que son residentes de Georgia para efectos de la elegibilidad para la vacuna?

Nuestra oficina tiene contactos con la comunidad de trabajadores agrícolas y años de experiencia brindando servicios legales y de extensión a los trabajadores agrícolas en las zonas rurales de Georgia.  Si quiere que colaboremos con su administración para desarrollar un plan de vacunación para trabajadores agrícolas en Georgia, sería un honor para nosotros.  Esperamos que esta carta inicie una conversación y esperamos su respuesta a esta importante consulta.  Puede comunicarse conmigo por correo electrónico a smercado-spencer@glsp.org, o llamando a nuestra oficina al 404-463-1633.

Muchas gracias por su atención a este asunto.

Atentamente,

Solimar Mercado-Spencer
Abogada Principal
Georgia Legal Services Program
División de Derechos del Trabajador Agrícola

CC: Dra. Kathleen Toomey, Departamento de Salud Pública de Georgia
Fiscal General Chris Carr, Oficina del Fiscal General de Georgia


 

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Noticias:

30 de julio de 2020

Hacinados, maltratados y hambrientos: la vida de los trabajadores agrícolas inmigrantes con visa en Estados Unidos

[Vaya al link para ver la noticia en Telemundo.com]


Brunswick, Georgia, 1 de agosto de 2019

El 25 de julio de 2019, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos falló a favor de trece trabajadores de paja de pino contra el contratista de trabajadores agrícolas Manuel Sánchez. Los trabajadores, que se encontraban en los EE.UU. con visas de trabajo temporales H-2A, se quejaron de que Sánchez los sometió a condiciones de trata de personas, lo que incluyó obligarlos a trabajar por poco o ningún salario y los sometió a condiciones inhumanas de vivienda. Sánchez no respondió a la demanda y no se opuso a la petición de los trabajadores para un juicio por incumplimiento. El Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Georgia emitió un fallo contra Sánchez por un monto de $278,889.66. Anteriormente, los trabajadores habían llegado a un acuerdo por una parte de sus salarios no pagados con la empresa de paja de pino, Premium Pineneedles, LLC.

Manuel Sánchez reclutó a estos trabajadores de aldeas pobres de México, con falsas promesas de empleo bien remunerado y vivienda gratuita. Durante el reclutamiento, Sánchez defraudó a los trabajadores con cientos de dólares en tarifas ilegales, y los indujo a endeudarse y viajar a los Estados Unidos para trabajar en las operaciones de cosecha de paja de pino de Sánchez en Georgia. Una vez en Georgia, Sánchez se negó a pagarles los salarios, los sometió a condiciones de vida inhumanas y utilizó amenazas de deportación para obligarlos a permanecer bajo su empleo. La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas del Programa de Servicios Legales de Georgia representó a los trabajadores. La abogada principal del caso, Solimar Mercado-Spencer, comentó: “Casos como este son demasiado comunes en Georgia. Estamos contentos de haber podido exponer a uno de estos contratistas sin escrúpulos y de que nuestros clientes tuvieron su día en la corte. Continuaremos nuestra lucha por los trabajadores más indefensos en nuestro estado”.


1 de agosto de 2018

El Tribunal Federal aprueba un acuerdo sustancial para 33 trabajadores H-2A

El 25 de julio de 2018, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos aprobó un acuerdo a favor de treinta y tres trabajadores H-2A contra Shiloh Berry Farms, (Alma, GA). Los trabajadores agrícolas presentaron una queja alegando que su empleador violó la Ley de Normas Laborales Justas, sus contratos de trabajo, y que el empleador despidió a los trabajadores en represalia por ejercer sus derechos. Las partes llegaron a un acuerdo que compensa a los trabajadores por el 100% de los salarios mínimos, el 100% de los daños liquidados y el 84% de los reclamos de represalias presuntamente debidos.

Los trabajadores eran trabajadores agrícolas temporeros de México que fueron contratados para trabajar para Shiloh Berry Farm en 2017. Los trabajadores se quejaron de que el empleador violó sus contratos al no pagarles todos los gastos reembolsables y horas de trabajo remunerables, y que el empleador los despidió en represalia por pedir que sus derechos fueran respetados, en violación de la Ley de Normas Laborales Justas.

Representados por el Programa de Servicios Legales de Georgia, los trabajadores presentaron una demanda para recuperar sus daños, incluyendo los salarios no pagados y perdidos, los daños y perjuicios estatutarios, los gastos no reembolsados, los costos y los honorarios razonables de los abogados.

La abogada principal de este caso, Lauren Hoff-Downing, comentó: “Los trabajadores H-2A a menudo tienen miedo de hablar sobre las condiciones de trabajo ilegales porque temen represalias de sus empleadores. Las represalias contra los trabajadores H-2A son particularmente perjudiciales porque los trabajadores H-2A solo pueden trabajar para el empleador que figura en su visa. Por lo tanto, se enfrentan a una difícil elección entre continuar trabajando en condiciones de pobreza o alzar la voz y arriesgarse a no tener ningún trabajo. Poco después de hablar sobre sus derechos, los 33 demandantes en este caso fueron despedidos y enviados de regreso a México. Los Demandantes continuaron haciendo valer sus derechos al entablar una demanda contra sus empleadores, y finalmente recuperaron todos los salarios mínimos, y una parte sustancial del salario que habrían obtenido si no hubieran sido despedidos ilegalmente “.


9 de marzo de 2018

Trabajadores de Paja de Pino Recuperan $18,448.00 en un Acuerdo por Reclamaciones de Salarios no Pagados y Violaciones a sus Contratos de Trabajo

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas de Servicios Legales de Georgia presentó una demanda federal el 18 de diciembre de 2017, titulada Christian Murillo Quirino, et al. v. Francisco Saucedo, et al ., en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia. Representamos a 4 trabajadores procedentes de México, que fueron llevados a trabajar en Georgia bajo una visa H-2A y que afirmaron violaciónes de sus derechos bajo la ley de salario mínimo federal y los reglamentos del programa H-2A por sus empleadores. El tribunal aprobó el acuerdo el 28 de febrero 2018.


3 de noviembre de 2018

Trabajadores H-2A Recuperan $33,000.00 en un Acuerdo por Relcmaciones de Salarios no Pagados y Violaciones a sus Contratos de Trabajo

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas de Servicios Legales de Georgia presentó una demanda federal el 2 de junio de 2017, titulada Florencio Hipólito Rivera, et al. v. Javier Guerrero, et al ., en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Georgia. Representamos a 5 trabajadores procedentes de México, que fueron llevados a trabajar en Georgia bajo una visa H-2A y que afirmaron violaciónes de sus derechos bajo la ley de salario mínimo federal y los reglamentos del programa H-2A por sus empleadores. El tribunal aprobó el acuerdo el 1 de noviembre 2017.


2 de marzo de 2017

El Departamento de Agricultura de Georgia Extiende Protecciones para Personas que No Hablan Inglés

El 8 de febrero de 2017, el Departamento de Agricultura de Georgia aceptó hacer que sus protecciones para los trabajadores fueran más accesibles a quienes no hablan inglés. El acuerdo, alcanzado entre el Departamento de Agricultura de Georgia y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), es el resultado de una querella que el Programa de Servicios Legales de Georgia presentó ante la EPA. Servicios Legales de Georgia presentó la querella en nombre de un cliente de habla hispana, cuya denuncia inicial de una violación de protección de trabajadores fue desestimada por el Departamento de Agricultura de Georgia porque el departamento no estaba equipado para entrevistar a alguien que no hablara inglés.

El cliente de Servicios Legales de Georgia, un trabajador agrícola en el sur de Georgia, se enfermó después de estar expuesto a pesticidas en julio de 2015 mientras trabajaba en una granja. La exposición del trabajador a los pesticidas fue causada por el manejo inadecuado de los pesticidas en la granja, en violación de las regulaciones de la EPA. El trabajador presentó una querella al Departamento de Agricultura de Georgia, pero la agencia no pudo procesar adecuadamente la querella debido a la barrera del idioma y, en consecuencia, rechazó la queja del trabajador.

La querella del trabajador demostró una violación de la Norma de Protección de Trabajadores (WPS, por sus siglas en inglés) de la EPA, un reglamento diseñado para proteger a los trabajadores agrícolas. El reglamento incluye requisitos de equipo de protección, entrenamiento de seguridad, tiempos de entrada restringida después de la aplicación de pesticidas y otros que previenen el envenenamiento y lesiones por pesticidas.

El Departamento de Agricultura de Georgia, que recibe fondos de la EPA, está encargado de hacer cumplir la Norma de Protección del Trabajador en el estado. Todas las agencias estatales que reciben fondos federales para proveer servicios al público deben asegurarse de que esos servicios sean accesibles a todos los individuos, independientemente de su raza, color u origen nacional, bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La División de Derechos del Trabajador Agrícola de los Servicios Legales de Georgia presentó este asunto ante la Oficina Externa de Cumplimiento de Derechos Civiles de la EPA y, como resultado, las agencias firmaron un acuerdo comprometiendo al Departamento de Agricultura de Georgia a desarrollar, publicar e implementar procedimientos escritos para asegurar un acceso significativo a todos los programas y actividades del departamento por todas las personas – incluyendo personas con dominio limitado del inglés.

Véase el Acuerdo

El Programa de Servicios Legales de Georgia es una oficina de abogados sin fines de lucro cuya misión es proveer servicios legales civiles para personas con bajos ingresos, creando igualdad de acceso a la justicia y oportunidades para salir de la pobreza.