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Quiénes somos

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas es un proyecto de  Georgia Legal del Programa de Servicios, Inc., una organización 501(c)(3) sin fines de lucro, financiada principalmente por la Corporación de Servicios Legales . La misión del Programa de Servicios Legales de Georgia es facilitar el acceso a la justicia y las oportunidades de salir de la pobreza para las personas del estado de Georgia con bajos ingresos.

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas proporciona servicios legales a los trabajadores agrícolas de bajos ingresos en Georgia con asuntos relacionados con sus salarios y condiciones de trabajo.

Nuestro equipo:

Solimar Mercado-Spencer, Abogada Principal

Lauren Hoff-Downing, Abogada

Hilary G. Smith, Gerente Regional de Operaciones y Paralegal

Miriam Penafort, Paralegal


 

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 Conoce tus Derechos

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Noticias:

1 de agosto de 2018

El Tribunal Federal aprueba un acuerdo sustancial para 33 trabajadores H-2A

El 25 de julio de 2018, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos aprobó un acuerdo a favor de treinta y tres trabajadores H-2A contra Shiloh Berry Farms, (Alma, GA). Los trabajadores agrícolas presentaron una queja alegando que su empleador violó la Ley de Normas Laborales Justas, sus contratos de trabajo, y que el empleador despidió a los trabajadores en represalia por ejercer sus derechos. Las partes llegaron a un acuerdo que compensa a los trabajadores por el 100% de los salarios mínimos, el 100% de los daños liquidados y el 84% de los reclamos de represalias presuntamente debidos.

Los trabajadores eran trabajadores agrícolas temporeros de México que fueron contratados para trabajar para Shiloh Berry Farm en 2017. Los trabajadores se quejaron de que el empleador violó sus contratos al no pagarles todos los gastos reembolsables y horas de trabajo remunerables, y que el empleador los despidió en represalia por pedir que sus derechos fueran respetados, en violación de la Ley de Normas Laborales Justas.

Representados por el Programa de Servicios Legales de Georgia, los trabajadores presentaron una demanda para recuperar sus daños, incluyendo los salarios no pagados y perdidos, los daños y perjuicios estatutarios, los gastos no reembolsados, los costos y los honorarios razonables de los abogados.

La abogada principal de este caso, Lauren Hoff-Downing, comentó: “Los trabajadores H-2A a menudo tienen miedo de hablar sobre las condiciones de trabajo ilegales porque temen represalias de sus empleadores. Las represalias contra los trabajadores H-2A son particularmente perjudiciales porque los trabajadores H-2A solo pueden trabajar para el empleador que figura en su visa. Por lo tanto, se enfrentan a una difícil elección entre continuar trabajando en condiciones de pobreza o alzar la voz y arriesgarse a no tener ningún trabajo. Poco después de hablar sobre sus derechos, los 33 demandantes en este caso fueron despedidos y enviados de regreso a México. Los Demandantes continuaron haciendo valer sus derechos al entablar una demanda contra sus empleadores, y finalmente recuperaron todos los salarios mínimos, y una parte sustancial del salario que habrían obtenido si no hubieran sido despedidos ilegalmente “.

Acerca del Programa de Servicios Legales de Georgia:

El Programa de Servicios Legales de Georgia (GLSP) es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a georgianos de bajos ingresos o ancianos fuera del área metropolitana de Atlanta. Nuestra misión es proporcionar acceso a la justicia y oportunidades para salir de la pobreza. Visite http://www.glsp.org o llame al 404-463-1633 para más información.

 

9 de marzo de 2018

Trabajadores de Paja de Pino Recuperan $18,448.00 en un Acuerdo por Reclamaciones de Salarios no Pagados y Violaciones a sus Contratos de Trabajo

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas de Servicios Legales de Georgia presentó una demanda federal el 18 de diciembre de 2017, titulada Christian Murillo Quirino, et al. v. Francisco Saucedo, et al ., en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia. Representamos a 4 trabajadores procedentes de México, que fueron llevados a trabajar en Georgia bajo una visa H-2A y que afirmaron violaciónes de sus derechos bajo la ley de salario mínimo federal y los reglamentos del programa H-2A por sus empleadores. El tribunal aprobó el acuerdo el 28 de febrero 2018.


 

3 de noviembre de 2018

Trabajadores H-2A Recuperan $33,000.00 en un Acuerdo por Relcmaciones de Salarios no Pagados y Violaciones a sus Contratos de Trabajo

La División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas de Servicios Legales de Georgia presentó una demanda federal el 2 de junio de 2017, titulada Florencio Hipólito Rivera, et al. v. Javier Guerrero, et al ., en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Georgia. Representamos a 5 trabajadores procedentes de México, que fueron llevados a trabajar en Georgia bajo una visa H-2A y que afirmaron violaciónes de sus derechos bajo la ley de salario mínimo federal y los reglamentos del programa H-2A por sus empleadores. El tribunal aprobó el acuerdo el 1 de noviembre 2017.


 

2 de marzo de 2017

El Departamento de Agricultura de Georgia Extiende Protecciones para Personas que No Hablan Inglés

El 8 de febrero de 2017, el Departamento de Agricultura de Georgia aceptó hacer que sus protecciones para los trabajadores fueran más accesibles a quienes no hablan inglés. El acuerdo, alcanzado entre el Departamento de Agricultura de Georgia y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), es el resultado de una querella que el Programa de Servicios Legales de Georgia presentó ante la EPA. Servicios Legales de Georgia presentó la querella en nombre de un cliente de habla hispana, cuya denuncia inicial de una violación de protección de trabajadores fue desestimada por el Departamento de Agricultura de Georgia porque el departamento no estaba equipado para entrevistar a alguien que no hablara inglés.

El cliente de Servicios Legales de Georgia, un trabajador agrícola en el sur de Georgia, se enfermó después de estar expuesto a pesticidas en julio de 2015 mientras trabajaba en una granja. La exposición del trabajador a los pesticidas fue causada por el manejo inadecuado de los pesticidas en la granja, en violación de las regulaciones de la EPA. El trabajador presentó una querella al Departamento de Agricultura de Georgia, pero la agencia no pudo procesar adecuadamente la querella debido a la barrera del idioma y, en consecuencia, rechazó la queja del trabajador.

La querella del trabajador demostró una violación de la Norma de Protección de Trabajadores (WPS, por sus siglas en inglés) de la EPA, un reglamento diseñado para proteger a los trabajadores agrícolas. El reglamento incluye requisitos de equipo de protección, entrenamiento de seguridad, tiempos de entrada restringida después de la aplicación de pesticidas y otros que previenen el envenenamiento y lesiones por pesticidas.

El Departamento de Agricultura de Georgia, que recibe fondos de la EPA, está encargado de hacer cumplir la Norma de Protección del Trabajador en el estado. Todas las agencias estatales que reciben fondos federales para proveer servicios al público deben asegurarse de que esos servicios sean accesibles a todos los individuos, independientemente de su raza, color u origen nacional, bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La División de Derechos del Trabajador Agrícola de los Servicios Legales de Georgia presentó este asunto ante la Oficina Externa de Cumplimiento de Derechos Civiles de la EPA y, como resultado, las agencias firmaron un acuerdo comprometiendo al Departamento de Agricultura de Georgia a desarrollar, publicar e implementar procedimientos escritos para asegurar un acceso significativo a todos los programas y actividades del departamento por todas las personas – incluyendo personas con dominio limitado del inglés.

 

Véase el Acuerdo

El Programa de Servicios Legales de Georgia es una oficina de abogados sin fines de lucro cuya misión es proveer servicios legales civiles para personas con bajos ingresos, creando igualdad de acceso a la justicia y oportunidades para salir de la pobreza.